La transformación digital ha supuesto un nuevo paradigma en el ecosistema financiero. El Big Data, el análisis de multitud de datos, la automatización y la interconectividad global a través de internet ha conllevado un profundo cambio en los procesos de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios en todas las actividades económicas. Un nuevo escenario, donde las entidades financieras han de afrontar, adaptar e incorporar las nuevas tecnologías a esta transformación, además de garantizar que la innovación, aplicada al ámbito financiero, sea segura y beneficiosa para la sociedad.
El pasado 17 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero. Una ley con dos objetivos prioritarios: garantizar que las autoridades financieras dispongan de los instrumentos adecuados para seguir cumpliendo con sus funciones y lograr un desarrollo equitativo mediante el mejor acceso a la financiación de los sectores productivos a través de la innovación.
Esta nueva legislación incluye la creación de un sandbox regulatorio, un espacio de experimentación para promover la innovación en los servicios financieros dentro de un entorno seguro, con especial relevancia en el sector Fintech, entre las que se encuentran proyectos con criptomonedas basados en blockchains. Su fin es ajustar el cumplimiento de las estrictas regulaciones financieras al crecimiento y los ritmos de las empresas más innovadoras, de tal forma que no se ‘estrangule’ con normas al sector Fintech, pero tampoco se relaje la protección de los derechos de los consumidores.
A través del presente proyecto de Ley, los startups relacionados con los servicios financieros, mercado de capitales, aseguradoras, empresas de medios de pagos, finanzas personales, préstamos, blockchains o criptomonedas como bitcoin tendrán un espacio para desarrollar sus propuestas para la transformación digital del sistema financiero español. Asimismo, la propia Ley propone un Sandbox jurídico que recoja las garantías correspondientes para la retención de talento, impulso de la innovación y actualización de la regulación en pro de convertir al sector financiero español en máximo exponente europeo en cuanto al desarrollo tecnológico del sector financiero.
El Sandbox permitirá llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación en el sector financiero de acuerdo con el marco legal y supervisor. Esta iniciativa responde a la necesidad de impulsar la innovación como elemento esencial para un desarrollo económico sostenible y equitativo, además de garantizar que el cambio tecnológico proteja al consumidor de servicios los financieros, y mantenga la estabilidad e integridad de los mercados impidiendo el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Para poder acogerse al Sanddox financiero, la ley establece los siguientes requisitos: que el proyecto sea innovador y aplicable al sector financiero, cuente con un grado de avance suficiente, y aporte valor añadido facilitando el cumplimiento normativo, mejorando la calidad de los productos y servicios financieros, a la vez que se incremente la protección de los usuarios al proporcionar mecanismos que mejoren la regulación o supervisión.
La aprobación definitiva de esta Ley próximamente en el Congreso de los Diputados supondrá un gran avance en cuanto innovación financiera en España se refiere. La transformación digital ha empujado a un cambio tecnológico estructural de la sociedad y de las empresas. La distribución y comercialización de bienes y servicios necesita sí o sí la utilización y disponibilidad de estas nuevas herramientas digitales y la interconectividad.
Este proyecto de Ley busca reforzar los instrumentos necesarios para garantizar los objetivos de la política financiera en el contexto de la transformación digital a fin de aumentar la eficacia, la calidad de los servicios y, en particular, la seguridad y protección frente a nuevos riesgos. En definitiva, se trata de un marco reforzado de colaboración y coordinación sin alteración de la distribución y ejercicio de las respectivas competencias fijadas en las normas reguladoras de la arquitectura institucional del sistema financiero, lo cual supone un primer paso para la reforma total del sistema.
