Nuestra normativa europea y nacional define los servicios energéticos como “el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables”.
Desde el punto de vista práctico, se trata de un modelo en el que una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) invierte en la modernización de las instalaciones consumidoras de energía de un cliente, amortizándolas total o parcialmente con base en los ahorros energéticos conseguidos. De esta forma, la ESE no solo asume la inversión inicial de los nuevos equipos, sino también los riesgos de la instalación objeto del contrato a lo largo de toda la vida de este, generando ahorros energéticos (y también económicos) desde el primer día y permitiendo al titular acometer la renovación necesaria sin afrontar la inversión que conlleva.
Las distintas Directivas Europeas relacionadas con el Green Deal establecen claramente una apuesta por fomentar el mercado de los servicios energéticos, destacándose el papel decisivo de las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) en la renovación de los edificios propiedad de las Administraciones Públicas, instándose a los Estados miembros a que animen a los organismos públicos a que “recurran, cuando proceda, a Empresas de Servicios Energéticos y a contratos de rendimiento energético para financiar las renovaciones y ejecutar los planes para mantener o mejorar la eficiencia energética a largo plazo”.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 – 2030 (PNIEC) tiene como objetivo convertir a España en un país neutro en carbono en 2050
Centrándonos en las más recientes normas españolas, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 – 2030 (PNIEC) tiene como objetivo convertir a España en un país neutro en carbono en 2050, en línea con el desarrollo legislativo que culmina con el lanzamiento del Pacto Verde Europeo en diciembre del año pasado. Los servicios energéticos son un elemento transversal del plan, ya que intervienen de forma decisiva en la implementación de las medidas relacionadas con autoconsumo (medida 1.4), comunidades energéticas locales (medida 1.13), así como las relativas a las mejoras en la tecnología y sistemas de gestión industrial (medida 2.5), entre otras.
Se incluye, asimismo, una medida relativa a la promoción de los servicios energéticos (medida 2.11), en la que se insta a las administraciones territoriales a promover nuevos modelos de contratos adaptados a las recomendaciones de Eurostat y conformes a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Especialmente relevante para el sector resulta la Medida 2.12, en la que se proponen actuaciones específicas para el parque edificatorio de la Administración General del Estado como el fomento del autoconsumo, las energías renovables y la contratación con Empresas de Servicios Energéticos.
El cambio de paradigma en la gestión energética de las instalaciones en el sector público hace patente la necesidad de eliminar barreras que, a pesar de las obligaciones establecidas en la legislación actual, siguen limitando el crecimiento del mercado de servicios energéticos en España. Por el lado de la demanda, el principal freno es la escasa promoción de la licitación de estos servicios en la Administración Pública y el impacto del tratamiento estadístico de las inversiones en activos de titularidad pública de la ESE en las finanzas de la Administración contratante. Por el lado de la oferta, es tradicional una ausencia de mecanismos que aseguren la calidad de los servicios ofertados. Pero en los últimos tiempos el sector ha conseguido eliminar algunas de estas. AMI, en colaboración con otras asociaciones y con UNE, participó en 2018 en el desarrollo de la norma UNE 216701 sobre Clasificación de Proveedores de Servicios Energéticos, que proporciona una certificación profesional e independiente para una mejor identificación de las ESE y un mercado de servicios energéticos más transparente.
Asimismo, en mayo de 2018, Eurostat y el Banco Europeo de Inversiones publicaron su nueva guía práctica sobre el tratamiento estadístico de los contratos de rendimiento energético. Este documento ayuda a las autoridades y a los actores del mercado a entender las condiciones en las que las inversiones de las ESE realizadas en el marco de un contrato de servicios se consideran fuera del balance de la administración contratante. Asimismo, permite a las autoridades públicas preparar y financiar proyectos mediante la movilización de capital privado. Esta guía es fruto de la labor desarrollada por el sector en los últimos años para sensibilizar a las instituciones europeas del impacto negativo del tratamiento estadístico de las inversiones mencionadas en el mercado de servicios energéticos de algunos Estados miembros de la UE.
Por último, la Ley de Contratos del Sector Público ofrece a las Administraciones una batería de posibilidades de licitación amplísima como son el Contrato de Servicios con Inversión, el Contrato de Concesión de Servicios y el Contrato Mixto de Suministros y Servicios. Estos cambios han permitido a distintos organismos e instituciones adaptar sus modelos de pliegos, con modelos de contratos que cumplan con la nueva Ley de Contratos del Sector Público y las normas de Eurostat, destacando los publicados por organismos como el IDAE o el ICAEN, entre otros. Asimismo, tanto la nueva Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), cuyos trabajos de campo finalizaron finales del año pasado, como los textos del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ofrecen un panorama ilusionante para el futuro.
En conclusión, en los últimos años se han producido importantes avances en el mercado de servicios energéticos en España. Las Directivas europeas reconocen el papel esencial de las ESE en la implementación de las medidas de eficiencia energética exigidas a los Estados miembros, y las Administraciones Públicas apuestan por este modelo de servicios gracias a la labor de difusión del sector tanto desde el ámbito público como desde el privado.
En AMI comenzamos 2020 con optimismo y dispuestos a seguir trabajando en proyectos público-privados que contribuyan a desarrollar las actuaciones recogidas en el PNIEC español, considerado por la Comisión Europea uno de los planes nacionales más completos, así como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
