La Alianza para una Europa Climáticamente Positiva (CPEA), think tank con sede en Bruselas, recomienda crear un nuevo marco regulatorio que obligue a las empresas a demostrar el cumplimiento de las normas ESG (environment, social and governance) a partir de datos verificados por terceros. Los criterios ESG indican estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Esta alianza, fundada por Green Building Council España (GBCe), el GBC de Alemania (DGNB), el de Austria (ÖGNI) y el de Dinamarca (DKGBC), sugiere asimismo sancionar el ‘blanqueo ecológico’ —greenwashing— y establecer macroobjetivos con controles continuos y revisiones periódicas.
Así lo indica el informe «Adopción e implementación de los ESG en la construcción y en el sector inmobiliario de la UE«, elaborado por el Grupo de Trabajo ESG de la CPEA, que plasma la situación actual de los sectores de la construcción e inmobiliario en relación con el desarrollo de estrategias ESG, su aplicación y divulgación de información al respecto.
Fotografía del momento actual
Este documento llega en un momento en que en estos sectores está creciendo el grado de compromiso con los temas, discursos e iniciativas relacionados con las normas ESG.
“Los informes ESG, que rinden cuentas sobre la política ambiental, social y de gobernanza de las empresas, se han convertido en los documentos de referencia para las compañías a la hora de mostrar su política empresarial, más allá de los aspectos financieros”, afirma Bruno Sauer, codirector general de GBCe y vicepresidente de CPEA.
El informe de CPEA ofrece una instantánea de la situación actual de los distintos agentes europeos de los sectores de la construcción e inmobiliario en relación con el desarrollo de las estrategias ESG, de su aplicación y de la divulgación de información al respecto, analizando los factores impulsores, los riesgos, los retos y las posibles soluciones.
“Dado que no hay un marco regulado para medir o reportar los objetivos ESG, desde CPEA se ha trabajado durante un año con entidades y empresas europeas del sector inmobiliario para definir un marco común e indicadores consensuados, de tal forma que los informes ESG sean fiables, comparables y verificables”, resalta Sauer.
«Una visión más amplia»
El documento recomienda ampliar el campo de acción de las iniciativas ESG, ya que la mayor parte de ellas se limitan a cuestiones energéticas y climáticas y, en un grado mucho menor, en aspectos medioambientales más amplios como la circularidad, la biodiversidad, la contaminación o la gestión del agua.
«Las partes interesadas del sector deben adoptar una visión más amplia si quieren evitar riesgos de percepción de ESG-washing en el futuro», afirma Ursula Hartenberger, secretaria general de la CPEA, quien ha liderado el informe. En este sentido, Hartenberger resalta que existen vínculos directos entre los objetivos de descarbonización y los resultados sociales, que a su vez también influyen en los resultados de gobernanza de una organización.
CPEA también considera que, frente a la creencia generalizada en el sector de que las cuestiones de gobernanza sólo afectan en el ámbito de la organización, los miembros del Grupo de Trabajo demuestran que la estructura de gobierno a nivel corporativo también establece la política general y el marco estratégico para la gestión de edificios o de emplazamientos.
Asignaturas pendientes
El informe también destaca una serie de asignaturas pendientes en relación con la aplicación de las normas ESG. Entre ellas, se encuentran la falta de una definición sectorial armonizada y consensuada, así como de las normas asociadas, las carencias de competencias y conocimientos, así como el pensamiento sectorial aislado. A estas carencias se unen los problemas relacionados con la falta de alineación de las distintas políticas y el acceso y la disponibilidad de datos relevantes en materia de ESG y de métricas aplicables a todo el sector.
Basándose en la experiencia de los miembros del Grupo de Trabajo y en ejemplos prácticos, el informe presenta una serie de recomendaciones, tanto para los responsables políticos como para los agentes del mercado. En cuanto a las políticas, los miembros del Grupo de Trabajo piden que se desarrolle una Directiva de Edificios Sostenibles ‘Todo en uno’, basada en uno o varios niveles, la agrupación y priorización de iniciativas políticas y la introducción de registros de edificación digitales para superar las barreras de datos existentes.
Archivado en:
