Los sindicatos CCOO y UGT y los proveedores de servicios de Aena han exigido al ministro de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos, y al presidente de Aena, Maurici Lucena, que no se excluya a la gestora aeroportuaria del resto de contratos públicos, a pesar de cotizar en bolsa. Con ello, pretenden que la compañía pueda mantener el soporte del coste de los ERTE que Aena quiere hacer en cada aeropuerto.
Así lo han expuesto los portavoces de los sindicatos CCOO, Vicente Sánchez; UGT, Miguel Ángel Cilleros y los representantes de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), Javier Siguenza; Asociación Nacional de Empresas de Asistencia en Movilidad (AENAMA), José Luis Antolín; la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), Ángel Córdoba; y de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Díez de los Ríos. Con ello, han respondido ante la propuesta de Aena para suspender temporalmente los contratos de servicios por la situación de crisis sanitaria por el Covid-19.
Y es que, el paquete de medidas económicas que aprobó el Gobierno el pasado 17 de marzo disponía una excepción y establecía que las Administraciones Públicas podrían indemnizar a sus contratistas por los daños y perjuicios que les causara la suspensión temporal de sus contratos por la situación de crisis ocasionada por el Covid-19.
Sin embargo, esta medida dejaba fuera los contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que cotizaran en mercados oficiales y que no obtuvieran ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, como es el caso de Aena.
Según los sindicatos y las asociaciones “la decisión que Aena pretende imponer es especialmente injusta, teniendo en cuenta que el gestor aeroportuario es una empresa de titularidad pública, pero tiene el 49% de su capital en manos privadas y en el año 2019 tuvo unos ingresos de 4.503 millones de euros, con un beneficio de nada menos que de 1.442 millones”.
En este sentido, los firmantes de la carta instan al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a Aena a “reconsiderar su decisión” y a “actuar como van a hacer el resto de las administraciones y empresas públicas y privadas, compensando a sus contratistas de los daños que sufran, a fin de evitar que las consecuencias de la crisis sean soportadas por los más vulnerables, los trabajadores de los sectores afectados”.
Por último, los diferentes representantes han asegurado que si esta decisión de Aena no cambia “les va a suponer a las empresas de servicios hacer un ERTE que podría afectar a más de 10.000 trabajadores” y apelan a la responsabilidad “para que las empresas no se vean abocadas a destruir empleo y que nadie quede atrás”.
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