En 2015, 195 países se reunían en torno a un gran tema: el Clima. Denominada como la Conferencia de París (COP21), en esa reunión se firmó el primer acuerdo vinculante mundial de acción contra el cambio climático. Con el objetivo de evitar una peligrosa transformación del clima, el acuerdo estableció un plan de acción mundial que puso de manifiesto el límite del calentamiento global, que debía ser por debajo de los 2 grados centígrados, como principal meta.
La mitigación fue la principal de las características de la estrategia a seguir. Los gobiernos firmantes acordaron el objetivo, además del mencionado anteriormente, de limitar el aumento a 1,5 grados centígrados; que las emisiones globales alcanzasen su nivel máximo cuanto antes; y aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles.
Asimismo, el acuerdo señaló el camino para llegar a esta meta: reunirse cada cinco años para fijar objetivos más ambiciosos basándose en criterios científicos; informar a los demás gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances; evaluar estos avances hacia el objetivo, a largo plazo, mediante un sólido mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Los gobiernos también acordaron reforzar la capacidad de las sociedades a la hora de afrontar las consecuencias del cambio climático y ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación mejor y más permanente.
En esta lucha, las ciudades, regiones y administraciones locales tienen su papel, desde el acuerdo de 2015 se reconoce la importancia de estas “partes interesadas no signatarias” y les “invita” a intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones, aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos y mantener e impulsar la cooperación regional e internacional.
La Unión Europea se compromete firmemente a apoyar este acuerdo, favoreciendo la acción por el clima, brindando a los demás países apoyo. Por otro lado, los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares estadounidenses al año hasta el 2020 y ampliar esta medida hasta el 2025. Para después de ese periodo establecer un nuevo objetivo aún más ambicioso. La realidad es que ahora la sociedad y el planeta sí demandan planes mucho más ambiciosos.
En este contexto se enmarcan las directrices fijadas desde la UE para alcanzar los objetivos, éste fue el principio de la lucha en acción por el clima. Un acuerdo que además se suma a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (se crearon también en 2015) que junto al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (Japón, marzo de 2015) se presentan como un conjunto de “normas comunes y metas viables” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), gestionar los riesgos del cambio climático y los desastres naturales, así como la reconstrucción después de una crisis.
Situación actual de la normativa energética
El tema que nos ocupa de todos los asuntos que atañen a la lucha contra el cambio climático, así como a la pobreza mundial, es el ámbito de la energía. La Directiva sobre Eficiencia Energética (2012/27/UE) fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 25 de octubre de 2012. Esta Directiva deroga las de 2004/8/CE -relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía- y 2006/32/UE –sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos-. Modificó las directivas de 2009/125/CE -marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía- y 2010/30/UE -relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada-.
No exenta de polémica, a esta Directiva finalmente se la tachó de ser muy generalista y con un enfoque abierto cuyas medidas, al final, ofrecerían diversas alternativas a la hora de la transposición. En líneas generales, este texto legal propuso una serie de objetivos globales, ofreció instrumentos regulatorios y propuestas de financiación, también un marco conceptual de seguimiento y supervisión.
En el aspecto de la eficiencia y el ahorro de energía, la Directiva dejó a cada Estado miembro sus propios objetivos, fijando como meta global alcanzar un ahorro del 20 por ciento del consumo de energía primaria en la UE en 2020, sobre la previsión que existía en 2007 para ese futuro año. La transposición al ordenamiento español se realizó por medio del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero de 2016. Ésta tampoco estuvo exenta de polémica. Entre otros asuntos, se tardó 20 meses en adaptar la Directiva a nuestra regulación, después de haber terminado su periodo legal de transposición al ordenamiento propio de cada Estado miembro.
Este Real Decreto afecta a lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditores, y promoción de la cogeneración de alta eficiencia. Asimismo, obliga a las grandes empresas (no pymes) a realizar auditorías energéticas al menos cada cuatro años o, en su defecto, a implantar un Sistema de Gestión Energética. La norma pretende consolidar una cultura de la eficiencia energética en el tejido empresarial español y cambiar la percepción de las compañías sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética. En todo el tejido empresarial: grandes, medianas y pequeñas, produciendo, lo que llaman los expertos, un “efecto multiplicador”. Este tipo de inversiones, en muchas ocasiones eran y son percibidas como un gasto, el fin es que empiecen a ser entendidas como una gran oportunidad de ahorrar y mejorar la competitividad en un mercado cada vez más internacional.
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