El consejo de ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, creando el marco normativo para políticas públicas de transporte y movilidad. El objetivo es que las distintas administraciones respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI. Entre ellos, destaca la sostenibilidad, la digitalización y, por supuesto, la cohesión social y territorial.
Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha expresado que el anteproyecto tiene entre sus objetivos promover la sostenibilidad en el transporte y la movilidad, la digitalización y la innovación en el sector. Para ella, esta ley supone un cambio de enfoque en las políticas de transporte, porque se reconoce, por primera vez, la movilidad como un derecho. Esto significa garantizar a cualquier ciudadano el acceso a un sistema de movilidad sostenible y justo, que permita el ejercicio de sus derechos y libertades. Además de favorecer la realización de sus actividades personales, empresariales y comerciales. Y atender las necesidades de las personas menos favorecidas y de las zonas afectadas por procesos de despoblación.
Precisamente, las medidas que incorpora este anteproyecto confluyen con muchos de los planteamientos de Global Mobility Call, el congreso internacional dedicado a la movilidad sostenible de personas y bienes que se celebrará del 14 al 16 de junio en Ifema. Entre ellos, la lucha contra el cambio climático, la irrupción de nuevas tecnologías y las tendencias demográficas.
Principios del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible
Por otro lado, el anteproyecto implementa diversos principios y medidas presentes en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. Además, da cumplimiento a diversas recomendaciones dadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y otros organismos internacionales. Este nuevo marco contribuirá a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte. Todo ello, en línea con los acuerdos europeos e internacionales asumidos por España en este sentido. Es más, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que la ley va a reducir las ineficiencias en el gasto en inversiones públicas, ayudando a incrementar la productividad de las empresas. Asimismo, tendrá efectos muy positivos para la unidad del mercado, la competitividad y la competencia.
Sistema Nacional de Movilidad Sostenible
Por otro lado, para reforzar la cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, se crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. Este facilitará esa coordinación a través de distintos instrumentos, tanto administrativos como tecnológicos y procedimentales. El objetivo es impulsar mecanismos de coordinación y colaboración más robustos entre las distintas administraciones. Y, además, que implique también a distintos actores en el sector, y en el que se pongan en común nuevas ideas, iniciativas y buenas prácticas.
Otras medidas
La nueva ley garantiza la contribución del Estado al sostenimiento del transporte urbano colectivo mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades. Y trata de avanzar en la transformación “de la ciudad de los coches” a la “ciudad de las personas”. Se instaura la obligación de que los planes de movilidad urbana sostenible contengan medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías. Todo ello, cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos.
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