Una veintena de asociaciones de distintos sectores afectados han firmado un manifiesto contra el anteproyecto de ley del impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero. Entre estas se encuentran entidades como AEFYT, AFAR, AFEC, ALDEFE, AMASCAL, APPLIA, ATFRIE, CNI, CONAIF, FECE, FEGECA o FELAC. Todas ellas unidas aglutinan más de 34.000 empresas y 462.000 empleados directos, y tienen una facturación conjunta de más de 126.000 millones de euros.
Este colectivo explica que España es uno de los pocos países de la UE con un impuesto sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados, utilizados como refrigerantes en este tipo de sistemas. Con el pretexto de simplificar la recaudación del impuesto, en vigor desde 2014, el Gobierno quiere ahora extender el gravamen. De esta forma, afectaría también a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas.
Según estas asociaciones, “la medida vendría a encarecer en torno a un 5% las nuevas instalaciones de refrigeración para uso doméstico y comercial”. El nuevo gravamen entraría en vigor el próximo julio, “de forma sorpresiva y con apenas unos meses de antelación”, explican. “De modo que los instaladores y fabricantes de equipos con gases fluorados no tendrán tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias”.
La nueva ley de reforma del impuesto se encuentra aún en trámite. De aprobarse así la redacción del anteproyecto, España sería el primer país de la Unión en penalizar el consumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes, según este colectivo. Otros países comunitarios se limitan a seguir el reglamento de la UE, o excluyen a los equipos e instalaciones nuevas, gravando las emisiones reales.
Contra el impuesto sobre gases fluorados
Además, el colectivo añade: “Paradójicamente el nuevo impuesto ‘medioambiental’ penalizaría la contribución de la bomba de calor en la descarbonización de las instalaciones de climatización, o el papel de la refrigeración en la preservación de la cadena de frío y la reducción del desperdicio de alimentos. Sus beneficios medioambientales son muy superiores al potencial perjuicio causado por una potencial fuga de refrigerante a la atmósfera”.
El impuesto, según se encarga de destacar este colectivo, ignora las reflexiones y recomendaciones de los expertos en fiscalidad que han intervenido en el “Libro blanco para la reforma fiscal en España”, publicado recientemente. En él se explica que el impuesto sobre gases fluorados “no cumple en su diseño con la finalidad propia del impuesto”. Y es que los gases por los que se tributa son insustituibles desde el punto de vista tecnológico. Por lo tanto, suponen directamente un impuesto a la actividad de nuestro sector. También se destaca que grava “un consumo sin que el operador tenga alternativa de sustitución ni de mejora de la eficiencia, y debería ser objeto de revisión”. Y que este tipo de impuestos “funcionan mejor en el caso en el que están armonizados a escala europea, al reducirse el riesgo de fraude”.
En definitiva, estas asociaciones consideran este impuesto “un atropello fiscal injustificado”. Y añaden: “Se trata de un gravamen que no está alineado con las políticas de la UE. Además, repercutiría negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, fomentaría el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos”, concluyen.
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