El turismo es un motor clave de la economía en un buen número países como España, donde el sector aporta casi el 13% del PIB. Pero su actividad plantea retos constantes, como la necesidad de regulación para garantizar la seguridad, la sostenibilidad y el acatamiento de la normativa fiscal. En este contexto, la implementación de un nuevo registro de viajeros ha generado debate sobre su impacto en la competitividad del sector.
Registro de viajeros: ¿España se autoimpone una pérdida de competitividad en turismo?
Desde el punto de vista de los empresarios turísticos, el registro podría plantear una carga administrativa adicional, sobre todo a los pequeños negocios, como por ejemplo las viviendas turísticas. El proceso de inscripción, la actualización constante de datos y la posible falta de claridad en las normativas pueden disuadir a nuevos usuarios nacionales e internacionales de entrar en el mercado turístico. Asimismo, los viajeros podrían percibir esta medida como una invasión de privacidad, lo que impactaría negativamente en su experiencia y elección de destino.
Además, los destinos que no adopten esta intrusión documental podrían obtener ventajas competitivas al ofrecer una experiencia menos burocrática. Esto es especialmente relevante en un mercado global donde los turistas comparan servicios y precios con facilidad.
Para mitigar estos riesgos, es crucial que las autoridades colaboren con el sector privado y trabajen en simplificar los procesos, comunicar los beneficios del registro y garantizar que no represente una barrera para la innovación ni una medida peligrosa desde la perspectiva de la seguridad personal. En última instancia, la clave será equilibrar regulación y competitividad para asegurar que el turismo siga siendo un pilar económico sostenible y atractivo.
España es el segundo destino global, con todo a su favor para sustituir a Francia en la cima del podio del turismo planetario. Según los datos oficiales, nuestro país recibió en 2024 más de 88 millones de turistas internacionales, rebasando ampliamente los números prepandemia de 2019 y logrando un crecimiento del 8% respecto a 2023. Todo parece indicar, por tanto, que este Gobierno miedo al triunfo.
Un acopio de datos injustificado y peligroso para la seguridad personal
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sostiene que cualquier reproducción física o digital del DNI supera los límites permitidos en la recopilación de datos. La duplicación de información personal contraviene el principio de minimización establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. De hecho, las empresas y organismos solo están autorizados a acceder al DNI de forma puntual y específica, sin llegar a copiar su contenido. Como mucho podrían guardar algún dato en particular, siempre que exista una justificación legal. En todo caso, se debe evitar el almacenamiento digital de información que pueda usarse de forma fraudulenta en caso de una brecha de seguridad.
Por un lado, el registro puede fortalecer la transparencia, obstaculizar la circulación de delincuentes y facilitar el diseño de políticas turísticas basadas en datos fiables. Permite un mayor control sobre el cumplimiento de normativas, como el pago de impuestos por alojamientos informales, contribuyendo a combatir prácticas irregulares que perjudican a operadores legales. Sin embargo, estas ventajas tienen efectos colaterales en una economía nacional basada en el sector servicios y conllevan riesgos digitales para la seguridad individual.
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