La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) ha solicitado al Gobierno revisar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, con la finalidad de reducir su impacto negativo en la sostenibilidad de los servicios ofrecidos por sectores fundamentales como el de la limpieza.
En este contexto, el presidente de Aspel, recién nombrado, Juan Ignacio Beltrán García-Echániz, señala que la Ley de Desindexación «prohíbe la revisión de precios de manera generalizada», lo que está conduciendo al sector hacia la precariedad económica. «El Gobierno debe abordar este tema en profundidad, ya que deriva de la falta de actualización de los precios de los servicios en los contratos firmados con las administraciones públicas. En un momento en que se debate sobre la reducción de la jornada laboral y se ha producido un aumento en el salario mínimo, resulta paradójico que el Estado incremente los costes de manera unilateral sin revisar los precios. Además, el aumento de otros costos debido a la pandemia y conflictos internacionales ha supuesto un incremento adicional», denuncia el presidente de ASPEL.
«Si la Ley de Desindexación no se reforma pronto, los sectores de servicios esenciales como la limpieza se ven abocados a la desaparición al enfrentarse a pérdidas económicas inasumibles», lamenta el presidente de la asociación. Al mismo tiempo, advierte que «esta situación no solo tiene un impacto vital a nivel económico, sino que también afecta a la calidad de los servicios prestados e impide mejoras en los salarios, la formación y otras condiciones de las personas que trabajan con nosotros».
Desde ASPEL, enfatizan que es de necesidad prioritaria reformar la Ley de Desindexación para corregir el desequilibrio que está generando, permitiendo así garantizar la prestación de servicios que cumplan con los estándares de calidad adecuados a lo largo de toda la vigencia de los contratos.
Desde la patronal plantean medidas específicas para enfrentar la situación actual, entre las cuales destaca la revisión de la Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito de los servicios. Según ASPEL, esta revisión permitiría a las empresas trasladar las subidas del salario mínimo a los contratos de limpieza que están en curso. Beltrán, subraya que no existen impedimentos para llevar a cabo esta modificación legislativa y que es fundamental para mitigar el impacto negativo que enfrenta este sector esencial.
Además, la patronal también aboga por el diálogo con la Administración y muestra su disposición para negociar la actualización de los precios de los contratos, con el objetivo de poner fin de una vez por todas a este grave problema.
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